Miércoles, 18 Febrero 2015 10:01

Caso para la reflexión: dictamen del Consejo de Estado 1070/2014

Escrito por

Dictamen del Consejo de Estado 1070/2014
Fecha de aprobación: 27/11/2014
Dos personas fallecidas.

Introducción

Mediante escrito de fecha 5 de septiembre de 2013 (presentado ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en Málaga, y con entrada en el Ministerio de Fomento el 13 de septiembre siguiente), .......... en su calidad de herederos de .......... , formularon una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración en solicitud de indemnización, por el fallecimiento de este último, a consecuencia del accidente ocurrido el día 10 de septiembre de 2012, en el término municipal de Málaga.

Amparaban los reclamantes su pretensión en el accidente que, según describían en su escrito, tuvo lugar sobre las 21.45 horas del citado día, cuando .......... circulaba en su motocicleta, marca ...... , ...... por la carretera MA-20 (Torremolinos-Málaga) en sentido Málaga, y al llegar al p. k. 8,000, irrumpió súbitamente un peatón en la calzada, que le impidió accionar el sistema de frenado con la suficiente antelación, atropellándole para seguidamente salir despedido el motorista, cayendo en la calzada y deslizándose sobre el asfalto de izquierda a derecha hasta prácticamente cruzar en su integridad la zona de rodadura de la autovía. A consecuencia del accidente, el conductor de la motocicleta, al igual que el peatón, resultó fallecido. Achacaban el accidente a la Administración titular de la vía pública al considerar que esta no disponía de un sistema de seguridad suficiente que impidiese el acceso de los peatones a la calzada.

Resolución (Lo que dice el Consejo de Estado)

En cuanto hace al fondo de la cuestión planteada, es doctrina constante del Consejo de Estado que la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración no supone que la obligación de indemnizar nazca siempre que se produce una lesión por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sino que es preciso que entre la lesión y el funcionamiento haya un nexo de causalidad, del que resulte que aquella lesión es consecuencia de este funcionamiento y sin que en dicha relación de causa a efecto intervenga la conducta culposa del perjudicado o de un tercero, y ello por cuanto si esta intervención es tan intensa que el daño no se hubiese producido sin ella, es claro que no puede imponerse a la Administración el resarcimiento de una lesión económica cuya causa eficiente es imputable al propio perjudicado.

En el presente caso, una apreciación conjunta de las actuaciones obrantes en el expediente pone de manifiesto que no es dable, a juicio de este Consejo de Estado, apreciar la existencia de una relación de causalidad entre el servicio público de carreteras y el daño. Antes al contrario, ha de concluirse que el accidente se produjo por una actuación inadecuada de un tercero, en este caso el peatón atropellado, que irrumpió inopinadamente en la calzada para atravesar la autovía de manera claramente antirreglamentaria según se deduce del atestado instruido por la Guardia Civil de Tráfico, que aprecia como causa del accidente la irrupción en la vía por parte del peatón implicado, siendo esta la causa principal y eficiente del siniestro a juicio de la fuerza instructora.

A estos efectos, no debe olvidarse que en el punto de la carretera en que se produjo el accidente no existía paso de peatones alguno, ni tampoco zona habilitada para que los peatones pudieran cruzar la calzada de la carretera, conforme resulta del parecer expresado por la Demarcación de Carreteras, sin que tales apreciaciones se hayan visto desvirtuadas en el expediente. Por lo demás, ni en el atestado instruido por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ni en el informe elaborado por los servicios administrativos, se deja constancia sobre otros posibles factores que pudieran haber influido en el acaecimiento del siniestro.

Tales circunstancias son, de por sí, bastantes, a juicio de este Cuerpo Consultivo, para excluir la posibilidad de todo evento de responsabilidad derivada del funcionamiento del servicio público, de suerte que la conducta del tercero vino a constituir la única causa del resultado lesivo, que no puede trasladarse a la Administración frente a la que se acciona, como resulta del propio criterio mantenido por el Servicio instructor.

En consecuencia, al no concurrir los requisitos legalmente exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, el Consejo de Estado considera que procede desestimar la reclamación sometida a consulta.

Conclusión reflexiva

¿Existía cerramiento de seguridad? ¿se olvida el Consejo del Estado de esta situación? ¿existen pasos para peatones en autovías? ¿puede una autovía carecer de cerramiento? ¿es corporativista el Consejo del Estado?… y otras.

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